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Gestión turbia de los Fondos Fiduciarios de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Bea Edwards, May 09, 2012

Traducción al español del artículo "Murky Management of Spanish Trust Fund at IDB", publicado el 9 de mayo de 2012 en la web de Government Accountability Project (GAP), http://www.whistleblower.org

Nota: ¡El texto del artículo ofrece hipervínculos a todos los documentos citados, para su visión y descarga!

The Government Accountability Project (GAP) es la más importante organización sin animo de lucro en EE.UU. dedicada, entre otros objetivos, a promover la libertad de expresión, la transparencia, y la integridad en el funcionamiento de la ONU, del Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial.

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Ya que el nuevo Gobierno español toma medidas de austeridad para hacer frente a un déficit público del 8,5% del PIB, sus responsables deberían plantearse ahorrar dinero público de los fondos fiduciarios bilaterales que España destina al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y es que siguen aflorando e intensificándose las denuncias de ilegalidades e irregularidades en la gestión de los $50 millones de dólares del Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el BID. La pendiente solución de estos hechos, que fueron denunciados por primera vez en otoño de 2011 por trabajadores españoles del BID, se ha convertido en una prueba de fuego de la voluntad del nuevo Gobierno español de luchar contra las irregularidades, el amiguismo, y la falta de rendición de cuentas en los programas oficiales de ayuda al desarrollo del país.

The Government Accountability Project (GAP) publicó en su blog sendos artículos sobre el Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el BID, en enero y febrero de 2012, haciéndose eco de una información publicada en el periódico español ABC, de Octubre 2, 2011 ,que sacó a la luz por primera vez estas denuncias. Un segundo artículo de ABC de fecha 6 de febrero de 2012 informaba de que el Tribunal de Cuentas de España investigará y fiscalizará la actividades y donaciones de cooperación al desarrollo financiadas por el Ministerio de Economía de España de 2008 en adelante, con especial atención al Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el BID.

El Tribunal de Cuentas tomó esta decisión de fiscalizar los fondos fiduciarios bilaterales de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), especialmente el FGE, a pesar de un comunicado de prensa de Octubre 2011 emitido por la entonces Vicepresidenta y Ministra de Economía del Gobierno de España, Sra. Elena Salgado, en el que negaba todas las denuncias publicadas por ABC. 

Como informaron tanto ABC como GAP, hay tres cuestiones fundamentales que evidencian los conflictos de intereses y la falta de transparencia en la gestión del FGE, así como los débiles controles internos por parte del Gobierno español:

1) La primera cuestión es el conflicto de intereses que afecta a Carmen (Carmiña) Albertos, la funcionaria internacional (“staff”) del BID que desempeña el puesto de Gestora del FGE y que, como tal, coordina las actividades del Fondo y tiene autoridad delegada por el Gobierno español para aprobar proyectos de cooperación técnica de hasta €100,000 cada uno. El conflicto de intereses deriva  de que la Sra. Albertos pertenece a la Ejecutiva de la Agrupación del PSOE en Washington DC., conflicto que supone una clara y manifiesta violación del Código de Ética del BID. Otro funcionario internacional del BID, el Sr. Juan José Llisterri, también es miembro del Comité Ejecutivo del PSOE en Washington y, por lo tanto, también está violando el Código de Ética del BID. Por razones obvias, el Código de Éticadel BID prohíbe de manera inequívoca a los funcionarios del Banco desempeñar cargos políticos salvo que renuncien a su cargo de funcionario:

“…Con el ánimo de preservar la independencia e imparcialidad de su condición de funcionarios públicos internacionales y evitar cualquier interferencia o conflicto con sus funciones, los empleados no podrán participar en actividades políticas partidistas que impliquen la candidatura, aceptación o nombramiento a un cargo político o público. Para ello, el empleado en cuestión deberá renunciar a su cargo en el Banco antes de participar en dichas actividades o aceptar dichos cargos, o convertirse en candidato para dichos cargos.” (Código de Ética del BID, Conflictos de Intereses, página 5, énfasis añadido)

2) La segunda cuestión es la delegación de autoridad hecha por el Ministerio de Economía de España a favor del BID, en la persona de la Sra. Carmen Albertos (Gestora del FGE), para aprobar proyectos de cooperación técnica por valor de hasta €100,000 euros cada uno. Esta delegación de autoridad se hizo el 3 de noviembre de 2008 por medio de una carta-acuerdo firmada por la entonces Directora General de Financiación Internacional del Ministerio de Economía, la Sra. María Jesús Fernández García. Esta “delegación de autoridad” se cita en los Informe Anuales del FGE de 2008 y 2009, así como en el documento-perfil de todos y cada uno de los proyectos de cooperación técnica financiados bajo la citada delegación de autoridad [pinchar el hipervínculo para ver documento].

La delegación de autoridad no solo es problemática debido a la vinculación de la Sra. Carmen Albertos con el PSOE, sino también porque esta delegación de autoridad no se publicó en el Boletín Oficial del Estado [BOE] de España. Pero el aspecto más grave de esta delegación de autoridad es que se trata de una fórmula ideada para evitar el control de la comisión interministerial del Gobierno español (la “Comisión FEV”), que es el órgano del Gobierno legalmente responsable de aprobar todas las operaciones y proyectos que son financiados por el FGE y por otros Fondos Fiduciarios bilaterales de España. Como sabemos, la Sra. Carmen Albertos ha aprobado proyectos que suman en total más de $1 millón de dólares bajo esta formula de la “delegación de autoridad” inventada para el FGE, y uno de sus beneficiarios como jefe de proyecto ha sido el Sr. Juan José Llisterri, su colega por partida doble en el BID y en la Ejecutiva del PSOE de Washington.

3) La tercera cuestión, también muy preocupante, es la débil supervisión y control del FGE por parte del Ministerio de Economía de España. De ello es prueba el papel que desempeña la funcionaria de carrera española enviada por el Ministerio de Economía al BID (Cristina López Mayher de Julio 2008 a Agosto 2011, y Ana María Martínez Jerez de Septiembre 2011 hasta la fecha) para supervisar el FGE (teóricamente) y también para prestar asistencia al Director Ejecutivo de España en el BID con otros asuntos. Ambas funciones son desempeñadas por la funcionaria de carrera española bajo un contrato de consultoría con el BID, y esta funcionaria de España reporta a la Gestora del FGE (funcionaria internacional del BID) y miembro de la Ejecutiva del PSOE, la Sra. Carmen Albertos. El periódico ABC se refirió expresamente a esta situación como “la fiscalizadora fiscalizada”: la funcionaria de carrera española que teóricamente tendría que fiscalizar a la Sra. Carmen Albertos, es fiscalizada por ésta, ya que ella misma depende y reporta a la Gestora del FGE, la Sra. Carmen Albertos. Por ello dicha funcionaria española carece de independencia.

Para intentar penetrar en la nebulosa que rodea la gestión del Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  GAP escribió al Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, el 26 enero de 2012enviando copia de la carta a María Pérez Ribes, actual Directora Ejecutiva de España en el BID. 

Marcelo Cabrol, Gerente de Relaciones Externas del BID, nos respondió pero solo contestó a una de las cuestiones que le planteamos y su respuesta fue desconcertante:

“El Oficial de Ética del BID ha determinado que no hay pruebas de que los empleados del BID mencionados en su carta hayan incurrido en hechos que sean contrarios a los estándares éticos y de conducta profesional del BID”.

Y es que la redacción del Código de Ética y Conducta Profesional del BID es absolutamente explícita en cuanto a los asuntos de política y de dinero: el simple hecho de ostentar un cargo en un partido político y desempeñar a la vez un puesto de trabajo en el BID supone una violación de su Código de Ética, incluso si el funcionario se dedica a tomar café todo el día y a no hacer nada.

Cabe por tanto preguntarse: ¿quién es o fue el Oficial de Ética del BID que dictaminó que ni la Sra. Albertos ni el Sr. Llisterri incurren en conflicto de intereses a pesar de ser ambos miembros de la Ejecutiva del PSOE en Washington DC? ¿Fue quizás María Borrero, la primera Oficial de Ética del BID, que presentó su dimisión de forma abrupta en abril de 2011 justo cuando concluyó una investigación interna del BID sobre su propia conducta profesional? Si ella fue la experta que dictaminó sobre la cuestión que nos afecta, entonces sería conveniente pedir una segunda opinión. ¿Fue quizás Michael Woscoboinik? Después de la salida impropia de María Borrero, el BID nombró a Woscoboinik como Oficial de Ética “en funciones”. Cuando GAP recibió la carta del Sr. Marcelo Cabrol antes mencionada, Woscoboinik llevaba desempeñando el puesto de Oficial de Ética casi un año, y el hecho de que un nombramiento en funciones esté durando tanto tiempo es problemático, tanto para el interesado como para cualquier empleado del BID que necesite su consejo y dictamen sobre asuntos de ética profesional. Los funcionarios del BID con nombramientos temporales carecen de la autonomía y de la seguridad laboral necesarias para hacer juicios imparciales frente a los Gestores del BID.  Finalmente, es por supuesto evidente que cualquiera que fuese el Oficial de Ética del BID que dictaminó que la pertenencia de la Sra. Albertos y el Sr. Llisterri a la Ejecutiva del PSOE en Washington no supone una clara e inequívoca violación del Código de Ética del BID, se equivoca flagrantemente.

Mientras tanto, la Directora Ejecutiva de España en el BID, la Sra. Pérez Ribes, escribió a GAP el 21 de febrero de 2012, en respuesta a la carta que GAP dirigió al Presidente del BID, Luis Alberto Moreno.

La carta de la Sra. Pérez Ribes no sólo no aborda las denuncias de ilegalidades e irregularidades en la gestión del FGE, sino que aparentemente es una carta privada: carece de membrete (ya sea del Gobierno de España o del BID) y además no indica su cargo oficial debajo de su firma.  En este sentido, es importante señalar que la Sra. Pérez Ribes tenía necesariamente que estar al tanto de los conflictos de intereses y de la falta de transparencia en la gestión del FGE, así como de los prácticamente inexistentes controles internos por parte del Gobierno español; Pérez Ribes fue Subdirectora General de Instituciones Multilaterales Financieras (incluido el BID) en el Ministerio de Economía de España de Septiembre 2010 a Agosto 2011. Ella fue nombrada Directora Ejecutiva de España en el BID por el Gobierno español saliente en Septiembre de 2011, así que no puede desconocer las irregularidades en el FGE tanto del lado del Gobierno español como del lado del BID.

La extraña carta que la Sra. Pérez Ribes envió a GAP, nos llevó a escribirla directamente el 7 de marzo de 2012 como Representante Oficial del Gobierno de España en el BID, con el propósito de preguntarla en detalle sobre la posición del nuevo Gobierno español en relación con las denuncias de irregularidades en el Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el BID. También la preguntamos si ha propuesto alguna medida a los nuevos responsables del Ministerio de Economía para sanear el FGE y depurar responsabilidades. Sin embargo, a fecha de hoy, la Sra. Pérez Ribes sigue sin contestar a nuestra carta.

Para terminar, señalaremos que el panorama de ilegalidades y de irregularidades en la gestión del FGE es más que suficiente para impulsar una fiscalización por parte de las autoridades españolas, pero los Gestores del BID simple y llanamente niegan que algo esté mal a pesar de que la existencia de un conflicto de intereses es evidente para cualquiera que pueda leer el periódico y el Código de Ética del BID.  Es más, el Gerente de Relaciones Externas del BID, Sr. Marcelo Cabrol, negó en su carta a GAP que Carmen Albertos tenga autoridad delegada para aprobar proyectos de cooperación técnica de hasta €100,000 cada uno. Sin embargo, [y como antes señalamos], esa delegación de autoridad fue hecha por medio una carta-acuerdo firmada el 3 de noviembre de 2008 por la entonces Directora de Financiación Internacional del Ministerio de Economía de España. En breve, los propios Gestores del BID caen por debajo de los estándares éticos que el BID anuncia y publicita para si mismo: “El Banco se esfuerza por garantizar que sus actividades estén libres de fraude y de corrupción y se sometan a los más estrictos mecanismos de control.”

Desde la perspectiva de los contribuyentes españoles, si han de tomar en serio el compromiso del nuevo Gobierno de España de acabar con las irregularidades, el amiguismo y la falta de rendición de cuentas en la gestión de los fondos de cooperación oficial al desarrollo, los nuevos responsables del Ministerio español de Economía deben tomar medidas inmediatas para sanear el Fondo General de Cooperación de España (FGE) en el BID y depurar responsabilidades. En la actualidad, lo menos que los contribuyentes españoles merecen es un uso eficaz de las donaciones y contribuciones del Gobierno español al BID, pues el nuevo Gobierno les está pidiendo que asuman importantes sacrificios bajo las nuevas políticas de ajuste fiscal y austeridad.

 

Bea Edwards es Director Ejecutiva y Internacional para el Government Accountability Project, el líder nacional de la protección y defensa de los informantes.

The Government Accountability Project (GAP) es la más importante organización sin animo de lucro en EE.UU. dedicada, entre otros objetivos, a promover la libertad de expresión, la transparencia, y la integridad en el funcionamiento de la ONU, del Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial.